SOLICITAMOS AL GOBIERNO DE LA PROVINCIA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 9.144

LA HONORABLE LEGISLATURA DE TUCUMAN RESUELVE:

SOLICITAR al Poder Ejecutivo que, en el marco de la situación de emergencia en seguridad  que atraviesa nuestra provincia y en virtud de que se encuentra sancionada  la  ley provincial N° 9144, a través de la cual se crea las Policías Municipales de Prevención Local, en aquellos municipios de la Provincia cuyas autoridades decidan suscribir el «Convenio Específico de Conformación y Cooperación» con el Poder Ejecutivo, se dé inicio al procedimiento de reglamentación de la mencionada ley, promulgada en el Boletín Oficial de la Provincia el 28 de diciembre de 2018.

FUNDAMENTOS

La presente resolución tiene como objeto solicitar al Superior Gobierno de la provincia que gestione los medios pertinentes, a través del área que corresponda, a fin de dar cumplimiento con el artículo 13 de la Ley Nº 9144, el cual estipula:

Art. 13.- El Poder Ejecutivo reglamentará los aspectos necesarios para la operatividad de la presente Ley, debiendo elaborar el Modelo de Convenio Específico de Conformación y Cooperación.

Teniendo en cuenta que al día de la fecha  la misma aún no se encuentra operativa por carecer de la respectiva reglamentación y elaboración del Convenio Marco, es que me veo forzado a solicitar mediante este canal su reglamentación.

Es atribución de esta H.L.T. según lo prevé, la Carta Magna Provincial, en el Art. 67: 1°) Dictar las leyes, resoluciones y declaraciones que sean necesarias para hacer efectivo el ejercicio de los derechos, deberes y garantías consagrados por esta Constitución, la Constitución Nacional y todos los Tratados Internacionales vigentes, sin alterar su espíritu.

6°) Legislar y promover medidas de acción positiva… que garanticen el pleno goce de ejercicio de los derechos reconocidos en esta Constitución, la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales vigentes sobre Derechos Humanos.

Por todo lo expuesto solicito a  mis pares la aprobación del presente proyecto.

EXPROPIACIÓN PARA CREACIÓN DE ALCAIDÍA, NUEVA COMISARÍA Y CENTRO CÍVICO EN BRS

 Expropiación de una fracción del inmueble ubicado en la localidad de Banda del Río Salí, departamento Cruz Alta, identificado con Padrón Nº 674720, el que será destinado a la construcción de una Alcaidía y dependencias policiales del Gobierno de la Provincia de Tucumán (Departamento General de Policía). La fracción restante del inmueble será transferida por parte del Poder Ejecutivo Provincial, a título gratuito, a favor de la Municipalidad de Banda del Río Salí, a efectos de la instalación de un Centro Cívico y el desarrollo de la infraestructura urbana necesaria para la integración adecuada de las dependencias provinciales a construirse con la trama urbana de la ciudad

Ley N° 9.306

La Legislatura de la Provincia de Tucumán, sanciona con fuerza de

LEY:

Artículo 1°.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación una fracción del inmueble ubicado en la localidad de Banda del Río Salí, departamento Cruz Alta, compuesta con las siguientes medidas y linderos:

Norte: 277,13 mts.; con camino privado del Complejo Agroindustrial San Juan S.A.;
Sur: 207,33 mts.; con Sistema Provincial de Salud «Hospital del Este»;
Este: 327,47 mts.; con remanente del Padrón n° 674.720;
Oeste: 345,98 mts. con Ruta Nacional N° 9.
Con una superficie aproximada de: 8 Ha 0483,8862 m2.

Identificado, en mayor extensión, con la siguiente Nomenclatura Catastral: Padrón N° 674.720; Circunscripción: 1; Sección: K; Lámina: 77; Parcela: 586 F 48 N 1; Matrícula: 1541 B; Orden: 8, e inscripto en el Registro Inmobiliario en la Matrícula Registral N° A-8231:

Art. 2°.- El inmueble descripto en el artículo precedente será destinado a la construcción de una Alcaidía y dependencias policiales del Gobierno de la Provincia de Tucumán, acorde a las medidas y descripciones establecidas en el ANEXO I.

Art. 3°.- La fracción restante del inmueble objeto de expropiación será transferida por parte del Poder Ejecutivo Provincial, a título gratuito, a favor de la Municipalidad de Banda del Río Salí, a efectos de la instalación de un Centro Cívico y el desarrollo de la infraestructura urbana necesaria para la integración adecuada de las dependencias provinciales a construirse, con la trama urbana de la ciudad.

Art. 4°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a efectuar las adecuaciones presupuestarias necesarias, para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley.

Art. 5°.- Comuníquese.

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Legislatura de la Provincia de Tucumán, a un día del mes de octubre del año dos mil veinte.
C.P.N. Osvaldo Francisco Jaldo, Presidente H. Legislatura de Tucumán.
Claudio Antonio Perez, Secretario H. Legislatura de Tucumán.

Creación de Fiscalías para la lucha en contra del Narcomenudeo

Modifica la Ley Nº 9188 (tenencia y tráfico de estupefacientes. Narcomenudeo) en sus arts. 5, 6, 7 y 12. Modifica la Ley Nº 6238 (Ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia de Tucumán) en sus arts. 83, 87 y 90 ter.-

Texto de la Ley

La Legislatura de la Provincia de Tucumán, sanciona con fuerza de

LEY:

Artículo 1°.- Modifícase el Art. 5° de la Ley N° 9188, el que quedará redactado de la siguiente manera:

«Art. 5°.- Créase en el Centro Judicial Capital, dos (2) Fiscalías de Lucha Contra el Narcomenudeo, dos (2) Defensorías Oficiales Especializadas en Narcomenudeo, dos (2) Jueces Penales de Lucha Contra el Narcomenudeo, que integrarán el Colegio de Jueces previsto en la Ley N° 9119 y modificatorias, conservando su especialidad. Sin perjuicio de ella, deberán intervenir en otros casos penales cuando fuere necesario.»

Art. 2°.- Modifícase el Art. 6° de la Ley N° 9188, el que quedará redactado de la siguiente manera:

«Art. 6°.- Créase en el Centro Judicial de Concepción, dos (2) Fiscalías de Lucha Contra el Narcomenudeo, dos (2) Defensorías Oficiales Especializadas en Narcomenudeo, dos (2) Jueces Penales de Lucha Contra el Narcomenudeo, que integrarán el Colegio de Jueces previsto en la Ley N° 9119 y modificatorias, conservando su especialidad. Sin perjuicio de ella, deberán intervenir en otros casos penales cuando fuere necesario.
Créase en el Centro Judicial Monteros, una (1) Defensoría Oficial Especializada en Narcomenudeo.
Crease en el Centro Judicial del Este, una (1) Defensoría Oficial Especializada en Narcomenudeo».

Art. 3°.- Modifícase el Art. 7° de la Ley N° 9188, el que quedará redactado de la siguiente manera:

«Art. 7°.- Competencia. Los Jueces y Fiscales serán competentes para conocer en los delitos establecidos en la Ley Nacional N° 23.737, en las condiciones y con los alcances previstos en su Art. 34.
Los Tribunales de Impugnación de Concepción y Capital, tendrán competencia en los recursos interpuestos por los delitos establecidos en la Ley Nacional N° 23.737, en las condiciones y con los alcances previstos en su Art. 34.»

Art. 4°.- Modifícase el Art. 12 de la Ley N° 9188, el que quedará redactado de la siguiente manera:

«Art. 12.- Créase una Comisión Interpoderes dedicada al Control y Seguimiento de los resultados, análisis y evaluación de la implementación de la presente Ley, así como propuestas superadoras en materia de lucha contra el Narcomenudeo en la Provincia.
La Comisión estará integrada por los siguientes miembros:
1. Un (1) Vocal de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia;
2. El Ministro Público Fiscal;
3. El Ministro de Gobierno y Justicia;
4. El Ministro de Seguridad;
5. Un (1) Legislador; y,
6. El Ministro Pupilar y de la Defensa.
Esta Comisión se constituirá por el plazo de cuatro (4) años y dictará su propio reglamento» .

Art. 5°.- Modifícase la Ley N° 6238, en la forma que a continuación se indica:

– En el Art. 83, reemplazar el inc. 24, por el siguiente:
«24. Nueve (9) Defensorías de Niñez, Adolescencia y Capacidad Restringida, ocho (8) con asiento en San Miguel de Tucumán, y una (1) con asiento en la ciudad de Banda del Río Salí.»

– En el Art. 83, reemplazar el inc. 25, por el siguiente:
«25. Nueve (9) Defensorías Oficiales en lo Civil y del Trabajo, ocho (8) con asiento en San Miguel de Tucumán, y una (1) con asiento en la ciudad de Banda del Río Salí.»

– En el Art. 83, reemplazar el inc. 26, por el siguiente:
«26. Dieciocho (18) Defensorías Oficiales en lo Penal.»

– En el Art. 83, reemplazar el inc. 27, por el siguiente:
«27. Dos (2) Defensorías Oficiales en lo Civil y del Trabajo, con carácter itinerante.»

– En el Art. 90 ter., reemplazar el inc. 8, por el siguiente:
«8. Dos (2) Defensorías Oficiales en lo Penal.»

– En el Art. 90 ter., incorporar como incisos 11 y 12 nuevos, por los siguientes:
«11. Una (1) Defensoría Oficial en lo Civil y del Trabajo, con carácter itinerante.»
«12. Dos (2) Defensorías Oficiales especializadas en Violencia contra la Mujer.»

Art. 6°.- Modifícase la Ley N° 6238, en la forma que a continuación se indica:

– En el Art. 87, reemplazar el inc. 7, por el siguiente:
«7. Dos (2) Fiscalías en lo Civil, Comercial y Laboral.»

– En el Art. 87, reemplazar el inc. 8, por el siguiente:
«8. Tres (3) Defensorías Oficiales Penales.»

– En el Art. 87, reemplazar el inc. 9, por el siguiente:
«9. Tres (3) Défensorfasde Niñez, Adolescencia y Capacidad Restringida.»

– En el Art. 87, reemplazar el inc. 10, por el siguiente:
«10. Dos (2) Defensorías Oficiales en lo Civil y del Trabajo.»

Art. 7°.- Facúltese al Poder Ejecutivo, a efectuar las adecuaciones presupuestarias correspondientes para el cumplimiento de la presente Ley.

Art. 8°.- Comuníquese.

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Tucumán, a los cinco días del mes de noviembre del año dos mil veinte.
Regino Nestor Amado, Presidente Subrogante H. Legislatura de Tucumán.
Claudio Antonio Perez, Secretario H. Legislatura de Tucumán.

PEDIDO DE AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO DE CEBIL POZO

El objetivo de la presente ley es expropiar una fracción del inmueble ubicado en la localidad de Banda del Río Salí, departamento Cruz Alta, identificado en mayor extensión con Padrón Nº 572897, el cual será destinado a la ampliación del Cementerio de Cevil Pozo, departamento Cruz Ata.-

Texto de la ley

Ley N° 9.276

La Legislatura de la Provincia de Tucumán, sanciona con fuerza de

LEY:

Artículo 1°.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación una fracción del inmueble ubicado en la localidad de Banda del Río Salí, departamento Cruz Alta, identificado, en mayor extensión, con el Plano de Unificación y División N° 35.849/2000, como Fracción B, con las siguientes medidas y linderos:

Norte: 170,00 mts. con propiedad de Sal, Gentili y varios propietarios;
Sur: 170,00 mts. con propiedad de Paz y Posse, Suc. de Madrid Rodríguez Castillo y propiedad de Budeguer;
Este: 352,75 mts. con Cementerio Cevil Pozo;
Oeste: 352,75 mts. con propiedad de Paz y Posse.
Con una superficie aproximada de 6 Has.

Identificado, en mayor extensión, con la siguiente Nomenclatura Catastral: Padrón N° 572.897; Circunscripción: II; Sección C, Lámina: 118; Parcela: 190 E; Matrícula 8128 B, Orden: 280 e inscripto en el Registro Inmobiliario en la Matrícula Registral N° A-8232.

Art. 2°.- Destínase el inmueble descripto, a la ampliación del Cementerio de Cevil Pozo, departamento Cruz Alta.

Art. 3°.- Comuníquese.-

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Tucumán, a los siete días del mes de julio del año dos mil veinte.
Regino Nestor Amado, Presidente Subrogante a/c de la Presidencia H. Legislatura de Tucumán.
Claudio Antonio Perez, Secretario H. Legislatura de Tucumán.

Preservación del Medioambiente afectado por incendios forestales en el cerro San Javier

PROYECTO DE LEY

LA HORABLE LEGISLATURA DE TUCUMAN SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

ARTÍCULO 1°: Declarase la Emergencia Ambiental, Ecológica, y Zona de Protección Arqueológica a la zona del Cerro San Javier, jurisdicción de la Comuna de San Javier, departamento Yerba Buena, por el término de diez (10) años, facultando al Poder Ejecutivo a prorrogarlo por igual término o el que estime conveniente. –

ARTÍCULO 2. – El objeto de la presente ley es garantizar las condiciones para la restauración de la superficie descripta, por lo que se prohíbe, por el término mencionado:

a) Realizar modificaciones, en el uso y destino de las superficies del Cerro San Javier, distintas de las que tenían con anterioridad a la promulgación de esta ley.

b) El fraccionamiento, loteo, división y/o urbanización de terrenos y construcción de viviendas u obra edilicia de cualquier tipo, en la zona detallada en el Artículo 1°.

c) La modificación de la superficie para el desarrollo de prácticas de agricultura extensiva, cuando dichas prácticas no se realicen con anterioridad al dictado de la presente ley. –

ARTÍCULO 3. – El Poder Ejecutivo determinará la Autoridad de Aplicación de la presente Ley. –

ARTÍCULO 4. – La Autoridad de Aplicación, a través de los organismos correspondientes, realizará un relevamiento de la infraestructura actual y elaborará un plan de preservación y conservación arqueológica, ambiental y paisajística, en el término de hasta noventa (90) días, a partir de la promulgación de la presente Ley. – 

ARTÍCULO 5. – El incumplimiento de lo normado por la presente ley será considerado como infracción y dará lugar a las siguientes sanciones:

1). – Apercibimiento.

2). – Y, en caso de reincidencia, multa entre trescientos (300) y diez mil (10.000) sueldos básicos de la categoría inicial de la Administración Pública Provincial.

Lo recaudado por este concepto, será afectado a la recuperación y protección ambiental, ecológica y arqueológica de la zona descripta en el artículo 1°.

Cuando el infractor fuere una persona jurídica, los que tengan a su cargo la dirección, administración o gerencia, serán solidariamente responsables de las sanciones establecidas en el presente artículo.

ARTÍCULO 6. – Las sanciones establecidas en el artículo precedente, se aplicarán previa instrucción sumaria, y se graduarán de acuerdo con la naturaleza de la infracción y el daño ocasionado.

La autoridad en cargada de llevar adelante la instrucción, correrá vista de lo actuado a los denunciados o presuntos responsables, en el término de diez (10) días hábiles para posibilitar su intervención en el proceso, garantizando el debido derecho de defensa. –

ARTÍCULO 7. – En caso de detectarse una infracción a lo normado por la presente ley, la autoridad competente tomará las medidas pertinentes para asegurar las pruebas de los hechos que la configuran y evitar que continúe el incumplimiento. A tal efecto, podrá ordenar el secuestro de: herramientas, maquinarias y vehículos usados para cometerla, nombrándose depositario o indicando lugar de depósito. –

ARTÍCULO 8. – Comuníquese.

FUNDAMENTOS

San Javier,  es una de las zonas más bellas de nuestro Tucumán, se encuentra a una distancia de unos 24 km de la ciudad capital, San Miguel de Tucumán, utilizando la Ruta Provincial 338. El camino hacia el cerro tiene más de 100 curvas y en todo momento puede apreciarse la típica vegetación tropical.

En él se practican actividades deportivas como parapente, trekking, cabalgatas, ciclismo de montaña, senderismo, etc., siendo un entorno ideal para este tipo de actividades.

Ofrece una vista hermosísima: hacia un lado oeste, la capital y su llanura circundante, y del otro, las verdes mesadas que tienen como fondo las cumbres Calchaquíes.

 Es por ello que es necesario poner fin a la urbanización descontrolada, al desmonte y empezar a proteger  el Cerro San Javier y las zonas aledañas,  ya que la misma produce un desastre ambiental, cultural arqueológico y urbanístico.

El presente proyecto tiende a poner fin a esta depredación al prohibir la comercialización de inmuebles y construcción de viviendas en el lugar, plazo que permitiría elaborar políticas de protección y ordenamiento a las áreas y organismos del Estado a los que incumbe solucionar la degradación detectada, a través de un plan de preservación y conservación arqueológica y ambiental de la zona.

Por lo expuesto, solicito el voto favorable al presente proyecto.

Pedido de Informe Medioambiental

LA HONORABLE LEGISLATURA DE TUCUMAN RESUELVE:


SOLICITAR al Poder Ejecutivo, para que a través de los organismos (ministerios, secretarias y direcciones) que considere pertinentes, se profundicen e intensifiquen los controles, relativos al cuidado del medioambiente y de la salud de los tucumanos, contenidos en la ley 6.253, sus modificatorias y complementarias y en el decreto reglamentario N° 1.955/ 9 del 2013, sus modificatorios y complementarios, sobre los ingenios radicados dentro de la Provincia de Tucumán y sobre cualquier otra actividad relacionada, como quema de caña de azúcar y/o pastizales, que este causando daños al ambiente.
Asimismo, se inste a dichos organismos a que, en virtud de lo normado por las leyes y decretos mencionados, informen a la Honorable Legislatura de Tucumán la actividad de contralor ejercida. –


FUNDAMENTOS
Tucumán ha sufrido durante los últimos años importantes perjuicios causados por el uso intencional o accidental del fuego en los cañaverales. La pérdida de bienes materiales, graves impactos en la salud a causa del humo y las cenizas que se generan, y el riesgo para la seguridad de los tucumanos, son algunas de las consecuencias de los incendios que se producen.
La quema de lotes de caña en pie, como en cañas apiladas o en campos con rastrojo son producidas en muchos casos por terceros, o por los mismos productores, que recurren al fuego como método auxiliar de cosecha. A esta situación se suman importantes cantidades de focos ígneos en áreas relacionadas o no con la actividad azucarera, tales como banquinas de rutas y caminos, basurales, bosques y pastizales, tanto en la llanura como en los cerros. Al respecto, la Ley Provincial Nº6253 de Medio Ambiente, en su artículo Nº38, establece la prohibición, en todo el territorio de la provincia, de la quema de vegetación enraizada, arraigada, aclimatada o seca, para evitar la degradación de los suelos, la atmósfera y daños a la salud de la población y el consiguiente desequilibrio del ecosistema.
Los especialistas destacan a través de diferentes informes, la importancia de aprovechar los residuos de la cosecha de la caña de azúcar, en beneficio del productor y del medio ambiente. Así, en el mundo contemporáneo la actividad cañera se orienta hacia sistemas productivos económicamente más eficientes, más sustentables y menos agresivos para el medio ambiente, y en este sentido la cosecha sin quema previa del cañaveral, llamada cosecha en verde, con aprovechamiento de los residuos vegetales que deja en el campo, contribuyen a la sustentabilidad del ambiente. El esquema actual de producción de caña de azúcar en Tucumán presenta importantes ventajas tecnológicas y ambientales para la implementación de la cosecha en verde y el manejo de sus residuos, respecto de otras zonas cañeras del mundo.
La cosecha en verde otorga numerosas ventajas como la mejor calidad de la materia prima por el menor deterioro que sufre por el fuego, además de existir una mejor flexibilidad en la programación de la cosecha y entrega de la caña en los ingenios. Por otra parte, al no quemar la caña, disminuyen los riesgos de pérdida de azúcar por demoras en la entrega de la caña quemada. Esta consiste en llevar al ingenio toda la caña. Lo hacen en Colombia, por ejemplo. El rastrojo se separa allí y se usa como combustible para las calderas. El requisito, que no es barato pero es costoeficiente, son calderas con filtros incorporados. Como es posible vislumbrar, este cambio requiere decisión política y empresarial.

Por otra parte, los argumentos respecto de las ventajas de la quema de caña son pocos y los productores que apuntan a una cosecha en verde y realizan inversiones para ello son los perjudicados por las quemas.
Cabe mencionar que la quema de caña, pastizales, etc. Y la consecuente caída de ceniza afecta a toda la Provincia y no sólo a las poblaciones aledañas a las fábricas azucareras.
La situación es considerablemente grave, a la fecha hubo más de 1.140 incendios causados por quema ilegal. La quema fue de todo tipo, cañaverales, basura, banquinas, pastizales. Así, el cielo tucumano hace semanas que está gris y lo único que llueve es de color negro.
Los especialistas advierten que cualquier quema en estos días pone a la provincia en riesgo de incendios inmanejables, por las condiciones climáticas, sequía, altas temperaturas y fuertes vientos. Además, aseveran que la situación cuenta con un agravante que es el contexto de la pandemia de coronavirus.
La exposición a humo de incendios puede irritar los pulmones, causar inflamación, alterar el funcionamiento del sistema inmunitario y aumentar la susceptibilidad a infecciones respiratorias, incluido covid-19, se advirtió desde el Centro para Control y Prevención de Enfermedades (CDC), del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EEUU. Investigadores de la Universidad de Harvard hallaron que el incremento de partículas en suspensión de menos de 2,5 micras (PM2,5) se asocia con aumento de 15% en la tasa de mortalidad por covid-19.
Por su parte, el Instituto de Geociencias y Geografía de la Universidad Martin Luther (Halle-Wittenberg, Alemania), combinó tres datos clave: niveles de contaminación medidos por el satélite Sentinel 5P de la Agencia Espacial Europea, información sobre corrientes de aire de la agencia meteorológica NOAA, y muertes confirmadas relacionadas con covid-19. Su conclusión fue que las zonas con alto número de muertes también tenían niveles muy altos de dióxido de nitrógeno (una de las partículas que produce la quema de cañaveral) y particularmente bajo movimiento del aire. Además, destacan que esas áreas, están rodeadas de montañas. Todos rasgos coincidentes con nuestra provincia, lo cual enciende más aun las alarmas sanitarias.
Creo que es nuestro deber como representantes del pueblo, el cuidar de la salud y atender las necesidades de todos los tucumanos y, en ese sentido, considero correcto solicitar a los organismos dependientes del PE (Ministerios, Secretarias, Direcciones) que intensifiquen y profundicen las medidas de contralor sobre las actividades mencionadas, en aras de cuidar la salud de las personas y el medioambiente.
Asimismo, es correcto instar a que se cumplan los mecanismos de informes previstos en la ley 6.253, sus modificatorias y complementarias y en el decreto 1.955/ 9 del 2013, sus modificatorios y complementarios y, en ese sentido, se informe a la Honorable Legislatura de Tucumán y a la sociedad toda, sobre la labor desempeñada por los organismos encargados de controlar el cumplimiento de las normas relativas al medioambiente.
Esto es pertinente ya que la obtención de datos es el modo científico de empezar a solucionar el problema. Como sabemos, el daño ambiental no se revierte en poco tiempo, y si bien es cierto que se avanzó en mejorar instalaciones de ingenios y en algunos esfuerzos por controlar quemas, está a la vista de toda la sociedad que con lo realizado no basta.
Con este Proyecto de Resolución se busca atender las necesidades de todos los tucumanos, buscando saber cuál es la realidad ambiental de la provincia para luego seguir trabajando en el cuidado del medio ambiente y de toda la población.

MAS TRABAJO Y MAS OPORTUNIDADES


Presente un proyecto de ley para llevar beneficios impositivos a las empresas que contraten personal con discapacidad. Le damos beneficios reales a quienes apuesten por la inclusión en el sector privado.

LA HONORABLE LEGISLATURA DE TUCUMAN SANCIONA CON FUERZA DE LEY

ARTÍCULO  1.- Las empresas privadas de cualquier rubro que incorporen como empleados a personas discapacitadas, que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo al que fueron convocadas, en una proporción no inferior al cuatro por ciento (4%) de la totalidad de su personal contratado, gozarán de una reducción porcentual del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos mientras se mantenga dicho porcentaje.

ARTÍCULO 2. El porcentaje a reducirse será el equivalente al veinte por ciento (20 %)  del total de lo declarado por cada periodo. En ningún caso, el monto a deducir sobrepasará el impuesto determinado para el período que se liquida, ni tampoco originará saldos a favor del contribuyente. Quedan excluidas en esta norma las personas Discapacitadas que realicen trabajos a domicilio.

ARTÍCULO 3. – Las empresas, para obtener el beneficio de reducción impositiva mencionado en el artículo anterior, deberán poner a disposición de la autoridad de aplicación el detalle del personal discapacitado que presta servicios en su empresa, y acreditar que cumple con el porcentaje indicado en la presente ley. La autoridad de aplicación efectuará el control del cumplimiento del cupo establecido por este artículo. –

ARTÍCULO 4. – El beneficio propuesto no exime a los contribuyentes beneficiados de la obligación de la presentación de sus respectivas declaraciones juradas y del cumplimiento de sus deberes formales, pudiendo la Dirección General de Rentas aplicar las multas y/o sanciones que estime pertinentes. –

ARTÍCULO 5. – A los efectos de esta ley se considera persona con discapacidad a todos aquellos que sufran una restricción o ausencia permanente de la capacidad para realizar una actividad, dentro del margen que se considera normal para un ser humano, ya sea que se trate de una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental que, en relación a su edad y medio social impliquen desventajas para su desarrollo personal, integración familiar, social, educacional o laboral. –

ARTÍCULO 6. – Sera autoridad de aplicación de la presente ley, sus modificatorias y leyes concordantes, el “Consejo Provincial para la Integración de Personas con Capacidades Diferentes”.

ARTÍCULO 7. – La autoridad de aplicación podrá, a pedido de las empresas que así lo requieran, certificar en cada caso la discapacidad. Asimismo, podrá indicar que tipo de actividad laboral o profesional pueden desempeñar, considerando su capacidad residual. –  

ARTICULO 8.-   Comuníquese. –

FUNDAMENTOS.

El último Censo Nacional de 2010 indica que en la Argentina hay más de 5 millones de personas con discapacidad. Según la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad (ENDI), el 75% de las personas con discapacidad en edad laboral no trabaja. En otras palabras, en Argentina hay casi 2 millones de personas con discapacidad entre los 14 y 65 años que no tienen empleo.

Las barreras para la inclusión laboral de las personas con discapacidad son diversas e incluyen factores físicos, culturales, políticos y legales.

Existen tanto barreras internas de las empresas, por ejemplo, espacios arquitectónicos poco accesibles o preconceptos sobre el desempeño y habilidades de las personas con discapacidad, como también barreras externas a las empresas, por ejemplo, obstáculos en el sistema educativo formal y la desconexión entre la oferta y la demanda laboral. Pero sobre todo existen barreras sociales, ya que la mayoría de las personas con discapacidad se sienten discriminadas en el momento de buscar trabajo.

Siendo parte de mi labor como representante del pueblo, analizar las distintas problemáticas que atraviesan todos los sectores de la sociedad y generar opciones que puedan simplificar o mejorar la calidad de vida de aquellos que atraviesan dificultades, es que planteo este proyecto de la ley, ya que distintos estudios y encuestas basadas en las experiencias de empresas y sectores que han contratado a estas minorías,  demuestran que las personas con discapacidad desarrollan un alto compromiso con las tareas asignadas y una gran eficacia en las labores encomendadas.

             Asimismo, debido a las escasas posibilidades de conseguir un puesto de trabajo, tienen un bajo índice de rotación y una preocupación por cuidar o mantener el trabajo que tanto les costó conseguir, redundando en un beneficio para ambas partes de la relación laboral.

          Por otro lado, atento a la situación de pandemia y la consecuente crisis económica que atraviesa nuestro país, se busca otorgar un beneficio a aquellas empresas que posean una visión y un grado amplio de integración respecto de su estructura y que posibiliten la incorporación de personas con discapacidad.

Por las consideraciones expuestas, solicito a mis pares acompañen con su voto favorable el presente Proyecto de Ley. –